Desde hace más de 10 años he sido un activista ambiental: en la preparatoria, en la universidad, en ONGs, con mi familia.... en fin en todas partes, hasta trabajé en el gobierno (la SEP) en temas de jóvenes de medio ambiente y jóvenes, de septiembre del 99 hasta junio del 2000 (la nueva administración no sabía gobernar, preferí salirme). Y bueno, los últimos 18 meses de la gestión del Ing. Alberto Cárdenas han sido los más tristes de todos. "Bebeto", como le dicen, simplemente se dedicó a darle a grandes intereses privados concesiones en terminos ambientales. Unos ejemplos: en lugar de luchar contra la tala ilegal de los bosques y selvas del país, se dedicó a reforestar, y con el apoyo de Bimbo (esa relación le dió el respaldo a su precandidatura de Lorenzo Servitje, gran empresario de la ultraderecha. El mismo Proceso dice que Cárdenas es el candidato del Yunque, la gran red de ultraderecha del país.) y TV Azteca. Vaya política de Estado. En lugar de proteger ecosistemas delicados como los manglares del pacífico, cambió de forma ilegal la norma para arrazarlos y construir hoteles.... Y la tragedia no termina hoy con su salida de la Semarnat (el tipo quiere luchar en el PAN por la candidatura a la Presidencia) ya que Fox designó como nuevo Secretario a José Luis Luege Tamargo, el que era Procurador del Medio Ambiente, un panista sin ninguna formación profesional en términos ambientales. Y peor aún: el nuevo procurador ambiental es el ex gobernador de Querétaro, el infame Ignacio Loyola Vera, que construyó el Centro de Rehabilitación Teletón, y luego tuvieron que demolerlo por errores estructurales. Construyó un hospital que no conectaron al drenaje y se inundó con las lluvías. Y luego las constantes quejas en su administración por violaciones a los derechos humanos... Habiéndo tantos jóvenes con posgrados en temas ambientales tuvieron que poner a un hombre como él... Las principales ONGs ambientales hicieron pública hoy su postura ante éstos nombramientos de Fox. Debido a su gran importancia pego completo el boletín de prensa.
Enmendar la política ambiental del país, tarea primordial del nuevo responsable de Semarnat
Ante la salida de Alberto Cárdenas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las organizaciones Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos, Grupo de los Cien, Teyeliz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, Unión de Grupos Ambientalistas y Greenpeace llamaron al presidente Vicente Fox; al nuevo secretario, José Luis Luege Tamargo, y al nuevo procurador ambiental, Ignacio Loyola, a darle un giro radical a la política ambiental del país, y a darle a este tema la prioridad e importancia que amerita en la agenda nacional.
“Señor presidente, durante su campaña a la presidencia, usted hizo un claro compromiso de impulsar una política ambiental que verdaderamente protegiera los ecosistemas y el patrimonio de nuestro país, lo que desafortunadamente no ha sucedido, especialmente en la gestión de Alberto Cárdenas. Lo llamamos a honrar su palabra y a no permitir que la Semarnat sea nuevamente utilizada como trampolín político. En este sentido, vemos como mala señal designar a dos panistas sin conocimiento de la problemática ambiental al frente de la Semarnat y de la Profepa. Realmente esperamos que pese al escepticismo y desaliento que esta decisión nos provoca, se corrija el rumbo de la política ambiental”, afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
Entre los pendientes que de manera prioritaria debe atender Luege Tamargo se encuentran:
- contratar a expertos conocedores de la problemática ambiental y comprometidos con la protección del ambiente; es decir, no permitir que continúe la partidización de la Semarnat y la Profepa;
- abrirse a la discusión con organizaciones, académicos y sociedad civil para tomar juntos las decisiones relativas a la problemática ambiental;
- destrabar la aprobación de normas que beneficien el medio ambiente;
- impulsar el desarrollo y entrada en vigor de una ley de responsabilidad ambiental que haga valer el principio legal internacional de “el que contamina paga”;
- impulsar una política de apoyo a comunidades que hacen buen uso del bosque;
- hacer un diagnóstico realista, serio y veraz del estado de los bosques y del grado de deforestación en nuestro país y no manipular las cifras;
- no promover las plantaciones forestales como “nuevos bosques”, pues no son bosques sino monocultivos que pueden generar fuertes impactos ambientales;
- no promover la reforestación como la “solución” a la pérdida de bosques, pues este tipo de programas tiene una efectividad de apenas 25 por ciento;
- aplicar las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental para proteger la diversidad de los maíces mexicanos de la contaminación transgénica;
- evitar que se siembren transgénicos en el país, especialmente en las zonas de alta diversidad;
- garantizar el funcionamiento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y tener listo el primer informe público sobre emisiones en diciembre de 2005;
- detener la quema masiva de llantas así como cancelar la posibilidad de instalar incineradores de residuos peligrosos, sobre todo de residuos clorados como los askareles;
- promulgar el reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en una discusión amplia con las organizaciones ambientales;
- aplicar el Convenio de Estocolmo a fin de eliminar los 12 contaminantes de mayor preocupación;
- tomar medidas para detener y remediar la contaminación en regiones en las que se lleva a cabo la actividad petrolera, entre ellas, elaborar un diagnóstico riguroso de los impactos en las áreas afectadas y en la población de las mismas y poner en marcha un programa de remediación;
- instrumentar los planes de manejo especial sobre materiales denominados de baja peligrosidad;
- retirar o no brindar la autorización a proyectos con fuertes impactos ambientales y claramente rechazados por las comunidades, como el de Minera San Xavier, en San Luis Potosí; la planta de Gas Natural Licuado de Chevron Texaco, en Islas Coronado; las presas hidroeléctricas La Parota, en Guerrero y Arcediano, en Jalisco; la instalación de plantas incineradoras de residuos, entre otros;
- aprobar la NOM 029, relativa a la captura de tiburón, a fin de detener la captura incidental de mamíferos marinos, tortugas y otras especies, debido al uso de técnicas de pesca depredadoras;
- eliminar la ilegal modificación que en 2004 se le hizo a la NOM 022, sobre la protección de humedales costeros y manglares;
- establecer una regulación que proteja el hábitat de las tortugas marinas y que disminuya la captura incidental de esta especie;
- aumentar el polígono de protección de la vaquita marina y no permitir el uso de redes de arrastre;
- investigar y sancionar las ilegales autorizaciones otorgadas en el pasado, tales como la importación de delfines y la expedición de más de dos millones de permisos para cazar animales;
- terminar con la defaunación, no emitiendo más autorizaciones para el aprovechamiento de especies que se encuentren clasificadas bajo categorías de protección especial;
- reactivar el comité de compras verdes, que obligaba a 300 dependencias a adquirir productos elaborados de manera sustentable, y
- promover la participación pública en la elaboración de la norma sobre playas limpias.
“Estos pendientes no son un recuento exhaustivo, faltan muchos temas por mencionar, pero en resumen lo que le pedimos al presidente y a Luege es que a través de la Semarnat se impulse una visión política, social y ecológica de largo plazo. La entrega del patrimonio nacional a intereses que no están dispuestos a cumplir las leyes ambientales, que sólo buscan ganancias, que no toman en cuenta a las comunidades ni a la ciudadanía, que heredan sus pasivos ambientales a la sociedad no puede continuar siendo el criterio que rija las políticas ambientales. Llamamos a Luege a cerrar este capítulo de pésima gestión ambiental con un giro radical hacia una política que coloque la protección del medio ambiente y de la salud pública en el lugar que deben estar: por encima de los intereses particulares y por encima de las aspiraciones políticas de los funcionarios designados”, dijo Calvillo.
“Urge que el gobierno del presidente Fox defina su política ambiental a través de la Semarnat. Ya no le queda mucho tiempo y ésta es la última llamada. De no hacerlo, su administración pasará de noche en lo que se refiere a la solución de los grandes problemas ambientales del país”, afirmó Homero Aridjis, presidente del Grupo de los Cien.
“Luege tiene ante sí la enorme responsabilidad de proteger y conservar apropiadamente el patrimonio natural del país y no debe ceder, como lo hizo Alberto Cárdenas, a las presiones de quienes buscan tener ganancias a costa de los recursos naturales. Hay temas de seguridad nacional como el agua y los bosques, a los que en la práctica no se les da relevancia. Seguimos con altísimas tasas de deforestación y diversos problemas relacionados con el agua, a los cuales no se les da solución. ¿Qué harán las nuevas autoridades al respecto?”, afirmó Gustavo Alanís, presidente del Cemda.
Las organizaciones señalaron que aunque en su desempeño como procurador Luege ha evidenciado su desconocimiento de la problemática ambiental y el uso político de su cargo y aunque su designación puede ser interpretada como signo de continuidad, le dan el beneficio de la duda, por lo que le piden que se rodee de gente con experiencia y comprometida con la protección ambiental, a fin de tomar decisiones que beneficien al país y consideren a las organizaciones y a las comunidades."
“Señor presidente, durante su campaña a la presidencia, usted hizo un claro compromiso de impulsar una política ambiental que verdaderamente protegiera los ecosistemas y el patrimonio de nuestro país, lo que desafortunadamente no ha sucedido, especialmente en la gestión de Alberto Cárdenas. Lo llamamos a honrar su palabra y a no permitir que la Semarnat sea nuevamente utilizada como trampolín político. En este sentido, vemos como mala señal designar a dos panistas sin conocimiento de la problemática ambiental al frente de la Semarnat y de la Profepa. Realmente esperamos que pese al escepticismo y desaliento que esta decisión nos provoca, se corrija el rumbo de la política ambiental”, afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
Entre los pendientes que de manera prioritaria debe atender Luege Tamargo se encuentran:
- contratar a expertos conocedores de la problemática ambiental y comprometidos con la protección del ambiente; es decir, no permitir que continúe la partidización de la Semarnat y la Profepa;
- abrirse a la discusión con organizaciones, académicos y sociedad civil para tomar juntos las decisiones relativas a la problemática ambiental;
- destrabar la aprobación de normas que beneficien el medio ambiente;
- impulsar el desarrollo y entrada en vigor de una ley de responsabilidad ambiental que haga valer el principio legal internacional de “el que contamina paga”;
- impulsar una política de apoyo a comunidades que hacen buen uso del bosque;
- hacer un diagnóstico realista, serio y veraz del estado de los bosques y del grado de deforestación en nuestro país y no manipular las cifras;
- no promover las plantaciones forestales como “nuevos bosques”, pues no son bosques sino monocultivos que pueden generar fuertes impactos ambientales;
- no promover la reforestación como la “solución” a la pérdida de bosques, pues este tipo de programas tiene una efectividad de apenas 25 por ciento;
- aplicar las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental para proteger la diversidad de los maíces mexicanos de la contaminación transgénica;
- evitar que se siembren transgénicos en el país, especialmente en las zonas de alta diversidad;
- garantizar el funcionamiento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y tener listo el primer informe público sobre emisiones en diciembre de 2005;
- detener la quema masiva de llantas así como cancelar la posibilidad de instalar incineradores de residuos peligrosos, sobre todo de residuos clorados como los askareles;
- promulgar el reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en una discusión amplia con las organizaciones ambientales;
- aplicar el Convenio de Estocolmo a fin de eliminar los 12 contaminantes de mayor preocupación;
- tomar medidas para detener y remediar la contaminación en regiones en las que se lleva a cabo la actividad petrolera, entre ellas, elaborar un diagnóstico riguroso de los impactos en las áreas afectadas y en la población de las mismas y poner en marcha un programa de remediación;
- instrumentar los planes de manejo especial sobre materiales denominados de baja peligrosidad;
- retirar o no brindar la autorización a proyectos con fuertes impactos ambientales y claramente rechazados por las comunidades, como el de Minera San Xavier, en San Luis Potosí; la planta de Gas Natural Licuado de Chevron Texaco, en Islas Coronado; las presas hidroeléctricas La Parota, en Guerrero y Arcediano, en Jalisco; la instalación de plantas incineradoras de residuos, entre otros;
- aprobar la NOM 029, relativa a la captura de tiburón, a fin de detener la captura incidental de mamíferos marinos, tortugas y otras especies, debido al uso de técnicas de pesca depredadoras;
- eliminar la ilegal modificación que en 2004 se le hizo a la NOM 022, sobre la protección de humedales costeros y manglares;
- establecer una regulación que proteja el hábitat de las tortugas marinas y que disminuya la captura incidental de esta especie;
- aumentar el polígono de protección de la vaquita marina y no permitir el uso de redes de arrastre;
- investigar y sancionar las ilegales autorizaciones otorgadas en el pasado, tales como la importación de delfines y la expedición de más de dos millones de permisos para cazar animales;
- terminar con la defaunación, no emitiendo más autorizaciones para el aprovechamiento de especies que se encuentren clasificadas bajo categorías de protección especial;
- reactivar el comité de compras verdes, que obligaba a 300 dependencias a adquirir productos elaborados de manera sustentable, y
- promover la participación pública en la elaboración de la norma sobre playas limpias.
“Estos pendientes no son un recuento exhaustivo, faltan muchos temas por mencionar, pero en resumen lo que le pedimos al presidente y a Luege es que a través de la Semarnat se impulse una visión política, social y ecológica de largo plazo. La entrega del patrimonio nacional a intereses que no están dispuestos a cumplir las leyes ambientales, que sólo buscan ganancias, que no toman en cuenta a las comunidades ni a la ciudadanía, que heredan sus pasivos ambientales a la sociedad no puede continuar siendo el criterio que rija las políticas ambientales. Llamamos a Luege a cerrar este capítulo de pésima gestión ambiental con un giro radical hacia una política que coloque la protección del medio ambiente y de la salud pública en el lugar que deben estar: por encima de los intereses particulares y por encima de las aspiraciones políticas de los funcionarios designados”, dijo Calvillo.
“Urge que el gobierno del presidente Fox defina su política ambiental a través de la Semarnat. Ya no le queda mucho tiempo y ésta es la última llamada. De no hacerlo, su administración pasará de noche en lo que se refiere a la solución de los grandes problemas ambientales del país”, afirmó Homero Aridjis, presidente del Grupo de los Cien.
“Luege tiene ante sí la enorme responsabilidad de proteger y conservar apropiadamente el patrimonio natural del país y no debe ceder, como lo hizo Alberto Cárdenas, a las presiones de quienes buscan tener ganancias a costa de los recursos naturales. Hay temas de seguridad nacional como el agua y los bosques, a los que en la práctica no se les da relevancia. Seguimos con altísimas tasas de deforestación y diversos problemas relacionados con el agua, a los cuales no se les da solución. ¿Qué harán las nuevas autoridades al respecto?”, afirmó Gustavo Alanís, presidente del Cemda.
Las organizaciones señalaron que aunque en su desempeño como procurador Luege ha evidenciado su desconocimiento de la problemática ambiental y el uso político de su cargo y aunque su designación puede ser interpretada como signo de continuidad, le dan el beneficio de la duda, por lo que le piden que se rodee de gente con experiencia y comprometida con la protección ambiental, a fin de tomar decisiones que beneficien al país y consideren a las organizaciones y a las comunidades."
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