jueves, octubre 30, 2008

PGR esconde información sobre posible delito del padre de Mouriño al IFAI

¿Qué busca esconder el procurador Medina Mora? O será su jefe... ¿el presidente Calderón? No creo que la PGR se enfrente al IFAI sin permiso de la Presidencia. Sea lo que sea, el Secretario de Gobernación dice que su padre es inocente de cualquier delito, pero que su amigo el presidente Calderón lo cobije así solo da lugar a más sospechas. Calderón dice ser el presidente de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿entonces? ¿Por qué impedir que los comisionados del IFAI estudien la información del padre de Mouriño? Esto solo nos habla de algo: miedo, miedo en Los Pinos. ¿Qué no querrá la Presidencia que se sepa? Es solo pregunta, y en una democracia se vale preguntarle a la autoridad por la propia información que maneja, y ese es el trabajo del IFAI, pero que casual que la PGR la esconde a inicios del año electoral. que termina en julio de 2009. Copio del diario Reforma de hoy:

'Blinda' PGR a padre de Mouriño

Alonso Lujambio acusó a la PGR de 'chicanear' la Ley Federal de Transparencia mediante un amparo que calificó de 'aberrante'


Abel Barajas

Ciudad de México (29 de octubre de 2008).- En un hecho insólito, la Procuraduría General de la República promovió un amparo que logró impedir al IFAI tener acceso a documentos del Reino de España, relacionados con una supuesta investigación por lavado de dinero contra el padre de Juan Camilo Mouriño.

Adrián Franco Zebada, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR, consiguió que una juez federal suspendiera la entrega de dichos documentos al IFAI, quien sólo quería revisarlos para determinar su reserva o publicidad.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información señala que las instituciones del Gobierno Federal deben proporcionarle a los comisionados del IFAI toda información que sea solicitada, por lo menos para que revisen si es factible o no su difusión.

La decisión de la PGR hizo estallar la paciencia de los comisionados, ya que incluso el propio presidente del instituto, Alonso Lujambio, acusó a la Procuraduría de "chicanear" la Ley Federal de Transparencia mediante un amparo que calificó de "aberrante".

"Es aberrante, porque se aleja subrayadamente del margen de la ley, la ley es clarísima cuando dice que los comisionados del IFAI pueden tener acceso a la documentación para tener elementos para emitir un juicio.

"Decir que si le enseño al comisionado el documento, acto seguido se estará perdiendo el carácter de reservado, es una tontería del tamaño de una catedral", expresó Lujambio, no sin disimular la irritación.

El comisionado ponente de este asunto, Juan Pablo Guerrero, hizo énfasis en que esta es la primera vez que la PGR presenta un amparo contra el sólo hecho de exhibir esos documentos al IFAI, lo cual no implica que esa información deba ser pública.

"Esta es la primera vez que ocurre ¿en qué caso ocurre? nada más y nada menos que en el de una supuesta investigación por blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes", dijo Guerrero.

Los comisionados externaron su molestia por el hecho de que la actitud de la PGR sólo expresa "una profunda desconfianza a este instituto que definitivamente no merece" y recordaron que nunca un comisionado ha filtrado a terceros información.

Lo que también les causó preocupación es que, después de 5 años de criterios judiciales sobre la materia, la Juez Cuarto del Distrito Administrativa en el DF, María Guadalupe Rivera González, otorgara la suspensión provisional y luego la definitiva al funcionario de la PGR.

Guerrero originalmente planteó en su ponencia ordenarle a la PGR hacer pública la información sobre el padre de Juan Camilo Mouriño.

Pero debido a que el IFAI no pudo conocer la documentación y, por tanto, tampoco tuvo elementos de juicio para resolver la publicidad o reserva de la información, decidió aplazar la votación de este asunto.

El caso hoy deliberado en el pleno del IFAI, deriva de una solicitud de información donde se requirió a la PGR los documentos que le entregó España a Carlos Miguel López Torres, de la Agregaduría de la PGR en Madrid, sobre una supuesta investigación a Manuel Carlos Mouriño Atanes por "blanqueo de capitales".

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